Fiscalidad, servicios y llamada a la acción

iva

La fiscalidad es el conjunto de leyes y normas por las que el Estado organiza la recaudación de los impuestos, con los que hace frente a sus obligaciones para con los ciudadanos en forma de servicios.

Lejos de este objetivo, profundamente democrático, desde el comienzo de la crisis económica los impuestos suben desbocados y la presión fiscal sobre los ciudadanos se ha disparado. Y se ha disparado NO para mejorar los servicios a los ciudadanos, sino para reducir las deudas del Estado, contraídas por una pésima gestión de los políticos de la “cosa pública”, y por un nivel de corrupción que ahora nos parece increíble que no hubiera mostrado la cara antes. Pero los impuestos no solamente están sirviendo para reducir el déficit generado por la mala e irresponsable gestión política y para sufragar las deudas de los bancos; están sirviendo para desarrollar una filosofía y unas prácticas políticas que amparan el adelgazamiento de las responsabilidades del Estado en materias y servicios esenciales como la educación, la salud y la cultura. Esto último puede convertirse en un logro estratégico para los  movimientos liberales conservadores en perjuicio gravísimo de los derechos de ciudadanos.

Los ministros Montoro y Wert son perfecta expresión de lo dicho. Ambos tienen  como común denominador su desalmamiento ante el mal y el dolor ajenos y su incansable discurso autista –y a menudo chulesco-, incapaz de escuchar y atender a los ciudadanos. Además, comparten también el concepto de que TODO es susceptible de recabar impuestos y TODO es susceptible de recortarse en beneficio de un menor déficit. Bueno, todo todo, no; los beneficios de las grandes empresas y los bancos son intocables gracias al terror generado interesadamente en la ciudadanía en el supuesto de que les fuera mal.

Hoy, se pretende someter a las duras leyes del mercado a la educación, la salud y la cultura. Y que no solamente generen los menores gastos, sino que en la medida de lo posible produzcan incluso beneficios. Entrega de hospitales a la rapiña de sociedades anónimas, brutal reducción de la igualdad de oportunidades por la política de becas y el aumento de tasas, o cargas impositivas del 21% a la cultura, ilustran su tratamiento casi como productos de lujo.

Los conceptos de servicio, de utilidad pública, de bien común, de desarrollo social, de derecho de acceso…, aplicados a la educación, la salud y la cultura son irrenunciables. Y han de provocar en las almas sensibles de este país –sensibles consigo o con sus hijos- la necesidad irrevocable de poner los pies en la pared para que esta no se mueva y aplaste lo que de bueno contiene este edificio que llamamos España.

Ya no basta la queja. La experiencia nos dice que quienes hoy privatizan malamente a hospitales serán mañana encausados por corrupción o cohecho, pero mañana será tarde. Sabemos que mañana a los ministros contrarios a la educación pública y a los ministros culturicidas los borrará la Historia. Pero revertir sus malas artes será una larga y dura tarea. Es preciso que nuestras manos se muevan ya hoy.

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