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Mira el bosque, no al árbol: el IVA cultural ya no es el problema

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Derecha, neoderecha y medio izquierda ya anuncian y dan por descontada la derogación del IVA al consumo cultural decretado por Wert y Montoro. El coro de corifeos llega tarde.

Mientras hemos sufrido la medida fiscal hemos pensado y mucho, y ahora ya no es suficiente volver al punto de partida. Queremos otro punto de partida. Queremos otro juego. La discusión no está en los números, sino en el horizonte al que mirar.

La subida del IVA al 21%, desde el 8% del que partía, solamente afectaba al consumo cultural, o por decirlo brutamente, a las entradas de los espectáculos y al cine, entre otros servicios culturales. La subida afectó a la creación y a las empresas de producción de arte, pero ellas ya partían de que pagaban el 18%.

En estos años nos hemos hecho una pregunta esencial ante esta situación: ¿Por qué la fiscalidad de la producción cultural debe ser diferente y mayor que la del consumo? Y nos la hemos respondido: no debe ser diferente porque ambas –producción, es decir, creación y exhibición, por un lado, y consumo, por otro- forman parte del mismo proceso, del mismo servicio cultural. Y que quienes hacen posible el arte paguen más impuestos que quienes lo consumen lanza un mensaje al mundo y a la sociedad perverso e injusto. Perverso, porque a los ojos de la sociedad identifica a las empresas y organizaciones dedicadas a crear arte como empresas indiferenciadas respecto a cualesquiera otras: si pagan los mismos impuestos, son de la misma categoría y aportan el mismo valor social. Y no, son empresas, compañías, productoras, teatros, cines, galerías, orquestas, auditorios…, que ofrecen y garantizan un servicio público. Injusto, porque la cultura –sin distinciones entre producción y consumo-, está recogida específicamente en la Constitución, en su Preámbulo y en otros artículos, como un valor que las instituciones públicas deben promover en beneficio de todos los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto.

Los ciudadanos más sensibles, muchos por cierto, los creadores, productores, agentes culturales, han hecho frente común estos años a la medida trágica y dolorosa del incremento de 13 puntos en la fiscalidad cultural, que la situaba como un lujo, y que tanto daño a hecho. Hoy el dedo extendido no nos debe hacer perder de vista la dirección a la que apunta; hoy el árbol no debe impedirnos ver el bosque; hoy la bajada unilateral del IVA no nos debe despistar ni hacer olvidar que lo que necesita la cultura es un nuevo modelo impositivo. Un nuevo modelo que se asiente en el principio constitucional que reconoce a la cultura como un servicio público, beneficioso para la sociedad.

Ese nuevo modelo fiscal, ahora ya irrenunciable, ha de implantar cuatro medidas básicas:

Primera: Un único tipo de IVA, el mínimo o súper-reducido, para todas las actividades artísticas y culturales, tanto para aquellas que afectan directamente al consumo, como aquellas relacionadas con la producción de bienes y servicios culturales y artísticos, que atañen fundamentalmente al tejido empresarial cultural pero consecuentemente, afectan finalmente a los ciudadanos, y a la calidad del arte producido y consumido. Más claramente dicho: las entradas, es decir, el consumo, y la producción, es decir, la actividad de las empresas y organizaciones dedicadas a la producción, tendrán el mismo tipo impositivo mínimo.

Segunda: El pago del Impuesto de Sociedades no será obligatorio para aquellas empresas y organizaciones culturales cuyos beneficios sean mínimos. Este impuesto, además, ofrecerá ventajas a las empresas y organizaciones culturales que teniendo beneficios, reinviertan fehacientemente parte de ellos nuevamente en actividad cultural.

Tercera: Se establecerán tipos fiscales o medidas impositivas (impuesto de sociedades, tramos, deducciones…) que atiendan a la diversidad de los ingresos generados por las distintas organizaciones, de tal modo que las grandes empresas culturales y las pequeñas empresas creativas no soporten la misma presión fiscal.

Cuarta: Se aprobarán deducciones en el IRPF por consumo cultural, que impulsen el consumo de bienes, productos y servicios culturales por la vía de la desgravación por tramos de gasto acreditados.

Es cierto que el marco general de desarrollo de la cultura de un país no es exclusivamente fiscal: sistemas de créditos ad hoc, legislación sobre patrocinio y mecenazgo y sobre innovación, modelos de emprendimiento específicos para la creación, nueva regulación de los derechos de autor que garantice y respete su labor, normas laborales y de Seguridad Social adecuadas a la realidad de artistas y creadores, entre otras medidas, conformarían un nuevo marco general estratégico. Pero la fiscalidad, el modelo impositivo con que la Cultura contribuye a la marcha del país, es una clave esencial que define su relevancia estratégica. Las medidas concretas que proponemos buscan que la cultura pueda jugar el papel que le corresponde si deseamos que contribuya decisivamente a la mejora de nuestro país y nuestra sociedad.

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Fiscalidad, servicios y llamada a la acción

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La fiscalidad es el conjunto de leyes y normas por las que el Estado organiza la recaudación de los impuestos, con los que hace frente a sus obligaciones para con los ciudadanos en forma de servicios.

Lejos de este objetivo, profundamente democrático, desde el comienzo de la crisis económica los impuestos suben desbocados y la presión fiscal sobre los ciudadanos se ha disparado. Y se ha disparado NO para mejorar los servicios a los ciudadanos, sino para reducir las deudas del Estado, contraídas por una pésima gestión de los políticos de la “cosa pública”, y por un nivel de corrupción que ahora nos parece increíble que no hubiera mostrado la cara antes. Pero los impuestos no solamente están sirviendo para reducir el déficit generado por la mala e irresponsable gestión política y para sufragar las deudas de los bancos; están sirviendo para desarrollar una filosofía y unas prácticas políticas que amparan el adelgazamiento de las responsabilidades del Estado en materias y servicios esenciales como la educación, la salud y la cultura. Esto último puede convertirse en un logro estratégico para los  movimientos liberales conservadores en perjuicio gravísimo de los derechos de ciudadanos.

Los ministros Montoro y Wert son perfecta expresión de lo dicho. Ambos tienen  como común denominador su desalmamiento ante el mal y el dolor ajenos y su incansable discurso autista –y a menudo chulesco-, incapaz de escuchar y atender a los ciudadanos. Además, comparten también el concepto de que TODO es susceptible de recabar impuestos y TODO es susceptible de recortarse en beneficio de un menor déficit. Bueno, todo todo, no; los beneficios de las grandes empresas y los bancos son intocables gracias al terror generado interesadamente en la ciudadanía en el supuesto de que les fuera mal.

Hoy, se pretende someter a las duras leyes del mercado a la educación, la salud y la cultura. Y que no solamente generen los menores gastos, sino que en la medida de lo posible produzcan incluso beneficios. Entrega de hospitales a la rapiña de sociedades anónimas, brutal reducción de la igualdad de oportunidades por la política de becas y el aumento de tasas, o cargas impositivas del 21% a la cultura, ilustran su tratamiento casi como productos de lujo.

Los conceptos de servicio, de utilidad pública, de bien común, de desarrollo social, de derecho de acceso…, aplicados a la educación, la salud y la cultura son irrenunciables. Y han de provocar en las almas sensibles de este país –sensibles consigo o con sus hijos- la necesidad irrevocable de poner los pies en la pared para que esta no se mueva y aplaste lo que de bueno contiene este edificio que llamamos España.

Ya no basta la queja. La experiencia nos dice que quienes hoy privatizan malamente a hospitales serán mañana encausados por corrupción o cohecho, pero mañana será tarde. Sabemos que mañana a los ministros contrarios a la educación pública y a los ministros culturicidas los borrará la Historia. Pero revertir sus malas artes será una larga y dura tarea. Es preciso que nuestras manos se muevan ya hoy.

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Buscando a ¿Wally?; perdón, buscando a Mecenas. El evangelio cultural del mecenazgo: dad y se os dará

Hace unas semanas hablaba del patrocinio como herramienta de financiación de la cultura y como expresión de la acción social de las empresas y de sus nuevas responsabilidades en el desarrollo cultural. Un tema estrechamente relacionado es el del mecenazgo de carácter filantrópico, que toca plantearse en un contexto de crisis, pero que es una clave estratégica para el sector, como ya lo es en otros muchos países.

El incremento de la participación financiera desinteresada en proyectos culturales –teatros, orquestas, museos, producciones escénicas, danza…- por parte de empresas, instituciones privadas y ciudadanos filántropos es una contribución de primer orden a la articulación de la sociedad, a su desarrollo por la vía del incremento de los niveles de formación y de cultura y de consumo de arte. Que es posible, es decir, que la sociedad española está preparada para asumir el mensaje de que su contribución económica es necesaria, lo demuestra el amplio recorrido que en este sentido llevan hecho las ONGs de solidaridad y cooperación internacional. Eso sí, el ámbito de la cultura precisa desarrollar un mensaje propio atractivo, argumentado para recabar donaciones, y ofrecer a los contribuyentes reconocimiento y contrapartidas vinculadas a la mejora de su imagen  pública, si lo desean.

Y por otro lado, es imprescindible avanzar aceleradamente hacia unas normas fiscales que favorezcan el mecenazgo. Los incentivos fiscales españoles recogidos en la Ley actual son de los más bajos de Europa y se han mostrado insuficientes para promover la filantropía. En el último número de la revista Ópera actual, David Camps, director de Mecenazgo y Comercial del Liceu, escribe un interesante artículo sobre este asunto, en el que resalta el positivo efecto que la reforma de la ley en Francia tuvo sobre el mecenazgo cultural.

Por su importancia, por su repercusión, éste no es, no debe ser, un tema que los diversos agentes del sector cultural aborden exclusivamente cada uno con sus propias fuerzas y habilidades. La reforma de la Ley es una cuestión que compete al conjunto del sector y que debe ser planteada unificadamente al gobierno y al parlamento. Ya. En un momento histórico en el que el dinero público se retrae de la acción social y cultural, dar protagonismo a quienes desde la sociedad civil estén dispuestos a aportar fondos a la cultura y a la acción social es una tarea urgente e imprescindible.

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