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Mira el bosque, no al árbol: el IVA cultural ya no es el problema

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Derecha, neoderecha y medio izquierda ya anuncian y dan por descontada la derogación del IVA al consumo cultural decretado por Wert y Montoro. El coro de corifeos llega tarde.

Mientras hemos sufrido la medida fiscal hemos pensado y mucho, y ahora ya no es suficiente volver al punto de partida. Queremos otro punto de partida. Queremos otro juego. La discusión no está en los números, sino en el horizonte al que mirar.

La subida del IVA al 21%, desde el 8% del que partía, solamente afectaba al consumo cultural, o por decirlo brutamente, a las entradas de los espectáculos y al cine, entre otros servicios culturales. La subida afectó a la creación y a las empresas de producción de arte, pero ellas ya partían de que pagaban el 18%.

En estos años nos hemos hecho una pregunta esencial ante esta situación: ¿Por qué la fiscalidad de la producción cultural debe ser diferente y mayor que la del consumo? Y nos la hemos respondido: no debe ser diferente porque ambas –producción, es decir, creación y exhibición, por un lado, y consumo, por otro- forman parte del mismo proceso, del mismo servicio cultural. Y que quienes hacen posible el arte paguen más impuestos que quienes lo consumen lanza un mensaje al mundo y a la sociedad perverso e injusto. Perverso, porque a los ojos de la sociedad identifica a las empresas y organizaciones dedicadas a crear arte como empresas indiferenciadas respecto a cualesquiera otras: si pagan los mismos impuestos, son de la misma categoría y aportan el mismo valor social. Y no, son empresas, compañías, productoras, teatros, cines, galerías, orquestas, auditorios…, que ofrecen y garantizan un servicio público. Injusto, porque la cultura –sin distinciones entre producción y consumo-, está recogida específicamente en la Constitución, en su Preámbulo y en otros artículos, como un valor que las instituciones públicas deben promover en beneficio de todos los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto.

Los ciudadanos más sensibles, muchos por cierto, los creadores, productores, agentes culturales, han hecho frente común estos años a la medida trágica y dolorosa del incremento de 13 puntos en la fiscalidad cultural, que la situaba como un lujo, y que tanto daño a hecho. Hoy el dedo extendido no nos debe hacer perder de vista la dirección a la que apunta; hoy el árbol no debe impedirnos ver el bosque; hoy la bajada unilateral del IVA no nos debe despistar ni hacer olvidar que lo que necesita la cultura es un nuevo modelo impositivo. Un nuevo modelo que se asiente en el principio constitucional que reconoce a la cultura como un servicio público, beneficioso para la sociedad.

Ese nuevo modelo fiscal, ahora ya irrenunciable, ha de implantar cuatro medidas básicas:

Primera: Un único tipo de IVA, el mínimo o súper-reducido, para todas las actividades artísticas y culturales, tanto para aquellas que afectan directamente al consumo, como aquellas relacionadas con la producción de bienes y servicios culturales y artísticos, que atañen fundamentalmente al tejido empresarial cultural pero consecuentemente, afectan finalmente a los ciudadanos, y a la calidad del arte producido y consumido. Más claramente dicho: las entradas, es decir, el consumo, y la producción, es decir, la actividad de las empresas y organizaciones dedicadas a la producción, tendrán el mismo tipo impositivo mínimo.

Segunda: El pago del Impuesto de Sociedades no será obligatorio para aquellas empresas y organizaciones culturales cuyos beneficios sean mínimos. Este impuesto, además, ofrecerá ventajas a las empresas y organizaciones culturales que teniendo beneficios, reinviertan fehacientemente parte de ellos nuevamente en actividad cultural.

Tercera: Se establecerán tipos fiscales o medidas impositivas (impuesto de sociedades, tramos, deducciones…) que atiendan a la diversidad de los ingresos generados por las distintas organizaciones, de tal modo que las grandes empresas culturales y las pequeñas empresas creativas no soporten la misma presión fiscal.

Cuarta: Se aprobarán deducciones en el IRPF por consumo cultural, que impulsen el consumo de bienes, productos y servicios culturales por la vía de la desgravación por tramos de gasto acreditados.

Es cierto que el marco general de desarrollo de la cultura de un país no es exclusivamente fiscal: sistemas de créditos ad hoc, legislación sobre patrocinio y mecenazgo y sobre innovación, modelos de emprendimiento específicos para la creación, nueva regulación de los derechos de autor que garantice y respete su labor, normas laborales y de Seguridad Social adecuadas a la realidad de artistas y creadores, entre otras medidas, conformarían un nuevo marco general estratégico. Pero la fiscalidad, el modelo impositivo con que la Cultura contribuye a la marcha del país, es una clave esencial que define su relevancia estratégica. Las medidas concretas que proponemos buscan que la cultura pueda jugar el papel que le corresponde si deseamos que contribuya decisivamente a la mejora de nuestro país y nuestra sociedad.

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Patrocinio sí, pero con alma

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Hace apenas dos años, Telefónica, una de las principales empresas españolas, anunció el despido de 6.400 trabajadores, el 20% de su plantilla en España. Al día siguiente, comunicaba la decisión de aportar bonus millonarios para sus directivos. En 2010, Telefónica había obtenido 10.000 millones de euros de beneficios. Telefónica tiene numerosos programas de intervención en las áreas educativa, cultural y del conocimiento.

¿De que vale su acción en el ámbito de la cultura o de la educación? La impostura, la ausencia de ética es tan clamorosa que conviene tomar aire antes de seguir escribiendo.

Llevamos años reclamando una Ley de Patrocinio que incentive a las empresas a aportar fondos en favor de la cultura y otras necesidades sociales. A cambio de mejorar su imagen y obtener jugosos descuentos en sus impuestos, los dineros empresariales taparían el deshonesto abandono del Estado del territorio de lo social. Pero el patrocinio -y la futura  Ley de Patrocinio- no debe mirar para otro lado ante situaciones, ante funcionamientos empresariales como el que comentamos y que son el pan nuestro de cada día.

Este caso pone el dedo sobre la verdadera llaga de la economía, la política y, sí, de su relación con la cultura de nuestro país: la clamorosa ausencia de ética.

Porque la principal responsabilidad de una empresa es defender a sus trabajadores, cuidar y bien tratar a quienes producen su fuerza empresarial. Y solo cuando su defensa está garantizada puede acometer tareas de RSC. Si no es así, esas tareas deben ser consideradas humo, mentiras, rimmel. La mejora de la productividad, verdadero dios nuevo al que se encomiendan la política y la economía contemporáneas, no puede excusar despidos masivos en épocas de crisis mientras se obtienen beneficios innúmeros y se reparten bonus a los despedidores sin conciencia.

En la Cultura debemos privilegiar la relación con empresas con alma. En Cultura, exigimos que la colaboración de las empresas en proyectos sociales y culturales lo sea a partir de una gestión ética en la que su principal aportación a la sociedad sea un modelo justo y no rufianesco.

Hoy más que nunca los ciudadanos necesitamos esperanza, y ésta solo está en la justicia. Los ciudadanos necesitamos alegría, y la alegría se halla en la lucha contra la injusticia, en la solidaridad con los otros en tiempos difíciles. La alegría nace de hacer bien las cosas, de cultivar con afecto y excelencia el pequeño fragmento del universo que nos ha sido dado en responsabilidad. Con patrocinio o sin él.

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Empresa y Cultura: Una guapa simbiosis

Como tantas otras cosas, la llamada ley de mecenazgo, con la que Wert y su flamante equipo nos desayunaron a comienzos de su mandato, se ha venido abajo como un mal, como un pésimo soufflé. Las últimas noticias retrasan su debate y redacción para distantes momentos de calma económica, de bonanza presupuestaria, como si la cultura de un país, el cemento que une a sus gentes y genera ciudadanía, pudiera meterse en el congelador a esperar mejores tiempos. Miseria de la filosofía (Marx).

Decía como tantas otras cosas, porque del código de buenas prácticas del Ministerio de Cultura nunca más se supo y su aplicación yace cansina en algún rincón de sus pasillos y; porque la transparencia, de la que éste y anteriores gobiernos tanto han alardeado, ni está ni se la espera: el caso horrible del concierto de Halloween, y cómo la alcaldesa de Madrid ha ido afrontándolo, expresa las peores prácticas en ese sentido. No se ofrece claridad y se renquea a la hora de asumir responsabilidades. Más de lo de siempre. Algo huele a podrido en Dinamarca (Shakespeare). ¡Qué diferencia con la rápida dimisión del director de la BBC por una mala práctica periodística!

Pero en fin, he comenzado hablando de financiación privada del arte y la cultura y volveré a ello. Las empresas más avanzadas en marketing y patrocinio ven en la cultura y el arte territorios apropiados para la inversión. NO porque los incentivos fiscales a sus aportaciones sean suficientes o estimulantes. Ni lo son, ni probablemente lo serán en esa tan nonata como desconocida ley de patrocinio. La cultura y el arte son relevantes para las empresas porque vincular sus marcas a la experiencia del usuario, a la emoción del espectador, a la brava energía del directo, es para ellas un bien extraordinariamente relevante en estos tiempos. Así lo ven.

Por eso, a pesar de todo, el momento que vivimos es bueno para que las empresas entren en relación con los proyectos culturales y artísticos –museos, producciones, teatros, orquestas…- y les insuflen vida compartida en forma de inversión. Simplemente hay un condicionante no menor: la cultura y el arte deben ofrecer a las empresas un recorrido conjunto que resulte de interés para ellas en públicos, mensajes, experiencias… Ni la caridad, ni la calidad son razones de peso para el patrocinio. El motor del patrocinio es el beneficio mutuo. Mutuo.

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Patrocinio y fiscalidad, una pareja que da juego

La parte más debatida de las leyes de patrocinio suele ser los incentivos fiscales que promueven que empresas y particulares contribuyan a la financiación de la cultura.

En mi opinión los porcentajes de desgravación son relevantes, pero no tanto como se suele señalar. No olvidemos que la contribución de las empresas al patrocinio, reduce los impuestos de esas empresas, y por lo tanto la suma de ingresos globales que el Estado maneja. Por eso los incentivos fiscales deben estar al servicio de una política cultural global, como decíamos en el anterior post.

Ello quiere decir, que conviene ir a máximos en los incentivos para generalizar en las empresas la aportación de fondos privados a Cultura. Motivan mucho más y hacen que empresas poco sensibles a la Cultura, se planteen apoyarla. Los incentivos máximos juegan, en fin, un papel divulgador del papel de la empresa como financiador cultural.  Pero formar parte de una política cultural quiere decir también que  el modelo de incentivos que se apruebe, debe garantizar que ámbitos culturales y artísticos poco mediáticos, o minoritarios, reciban también el apoyo económico del mundo empresarial. Así que, dentro del escalado de incentivos, demos máximos beneficios fiscales para los patrocinios a proyectos de vanguardia  o innovadores, o a expresiones de difícil subsistencia. Porque la cultura sin diversidad no es cultura. Y las expresiones más mediáticas van a tener apoyos más fácilmente.

En esta misma dirección, otra fórmula de gran interés –a estudiar para incluirla en la futura Ley- es que una parte de la financiación privada sea, por ley, destinada a un fondo conjunto gestionado por el Estado o las instituciones públicas. Ello garantizaría que actividades que precisan ayuda para subsistir, gozaran también de los beneficios de una buena ley de patrocinio, dentro de una política cultural que los ciudadanos han elegido.

 Y una última cosa relacionada con los incentivos fiscales. Los ciudadanos, individualmente, también deberían poder  patrocinar la cultura y el arte y así debería recogerlo la nueva Ley. A través de pequeñas donaciones desgravables, sí. O, lo que es más revolucionario, a través de la desgravación por consumo. Así, el consumidor de arte, ese que llena teatros, compra libros, cine y música y asiste a exposiciones, vería recompensada y potenciada su fidelidad, su apoyo al arte.

En definitiva, necesitamos una Ley de Patrocinio, orientada a la sociedad, a los públicos, incluso más que a las empresas.

Y pronto el cuarto post dedicado al patrocinio –por el momento-. Pero antes, un paréntesis.

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¿Para qué una ley de Patrocinio? 2

La respuesta a esa pregunta, aparentemente chusca, tiene que ver con el modelo cultural que deseamos para España. La Constitución fija para las instituciones la tarea de promover la cultura como un servicio a los ciudadanos. Una tarea de enorme envergadura que no pueden ceder a terceros y a la que por lo tanto han de destinar establemente fondos suficientes en los Presupuestos Generales del estado y de cada una de sus instituciones.

Por otro lado, además de ser titulares de la propiedad de los espacios culturales públicos, las instituciones son responsables de fijar las líneas estratégicas de hacia dónde va la cultura; también las líneas maestras de la financiación de las artes. En este nuevo modelo mixto de financiación, alma de la nueva ley de patrocinio, las instituciones privadas, empresas, asociaciones y ciudadanos tienen la tarea de colaborar con el estado y contribuir a la financiación de la Culturapara el conjunto de la sociedad. En ese magma privado hay diversos y a veces confrontados intereses. Todos ellos deben estar representados y de algún modo salvaguardados. Porque la aportación de dinero desde las empresas ha de tener obviamente una gratificación, que debe estar establecida y delimitada por la ley. Y respetada por los medios de comunicación, que deben diferenciar el patrocinio de la publicidad, sin ocultar el primero para forzar la segunda.

Pero las aportaciones privadas a la cultura se inscriben en un modelo en el que las decisiones estratégicas sobre cultura las toma el Estado a través de gobiernos elegidos. Y es el Estado el que debe fijar periódicamente las líneas a apoyar preferentemente, mediante incentivos fiscales específicos a las líneas marcadas.

En definitiva, el patrocinio no debe servir a las instituciones para abandonar su responsabilidad política y económica en la cultura. Muy al contrario, es una nueva herramienta para incorporar a las políticas culturales. Porque ninguna ley de Patrocinio debe olvidar que su fin último es poner el arte al servicio de los ciudadanos y con ello hacer ciudadanía.

El viernes seguimos con el tema de los incentivos fiscales.

 

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Ley de Patrocinio: construir la casa por el alma . 1

Una buena noticia que nos proporciona el nuevo triministro tambiéndeCultura es su decisión de impulsar prioritariamente una nueva ley de Patrocinio y mecenazgo. Una ley larguísimamente reclamada por el sector cultural español, sin que, todo hay que decirlo, el sector sepa muy bien lo que reclama tras esa ley.

En realidad, regular el patrocinio y el mecenazgo es imprescindible y urgente, pero en estos tiempos de tanta urgencia y penuria, tanto el PP como el sector cultural no deben tomar decisiones simplemente acuciados por la innombrablerecortapresupuestos. Porque eso no es nada, pero que nada bueno.

La casa, en este caso la ley, hay que empezarla con cabeza, por la cabeza, por la filosofía que debe alentarla, definiendo el modelo que debe enmarcarla. Solamente de ese modo será duradera y dará satisfacción a medio y largo plazo a las necesidades del sector cultural, de los creadores, de los ciudadanos y de las empresas.

Porque sería un grosero error que la ley sirviera exclusivamente a objetivos económicos, y para hacer más fácil a las instituciones públicas el abandono de sus responsabilidades en materia cultural. Favorecer la financiación privada de la cultura debe estar presente y es extraordinariamente importante, pero ha de estar al servicio de una idea de fondo: la necesaria irrupción de los ciudadanos en la acción cultural, devolver el protagonismo de la creación y el desarrollo cultural y artístico a la sociedad civil.

Por decirlo de otro modo, el alma de la ley debe estar impregnada de un nuevo modelo cultural, de un renovado concepto de cultura, hasta hoy en manos de profesionales, a menudo elegidos por los políticos entre sus gentes de confianza. El nuevo modelo cultural ha de articular sabiamente la relación entre lo público y lo privado, olvidando el viejo arquetipo del estado que tutela y decide, y abriendo las puertas de la gestión a la sociedad civil de la que forman parte el tejido empresarial, el asociativo y los ciudadanos. Esta ha de ser la primera regla.

Seguiremos.

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Mecenazgo cultural y fundraising

La pasada semana estuve en Barcelona, en el X Congreso de Fundraising que este año desarrollaba, junto al programa general, uno específico destinado a entidades culturales. Tony Myers, José María Gasalla, Colin Tweedy, o Marcelo Iñarra, entre otros, figuraban entre los ponentes. El fundraising, es, resumidamente, la captación de fondos que permitan financiar proyectos o, más a menudo, causas, lo que implica un notable contenido social, tanto de los donantes como de los solicitantes. Los fundraisers”, una actividad profesional muy avanzada en otros países y que en el nuestro está iniciándose,  conectan al sector empresarial y a grandes fortunas con el sector no lucrativo –ONGs y fundaciones-, para la obtención de beneficios mutuos, mediante la donación de fondos, relaciones o influencias.

Me resultó sorprendente la escasa presencia del sector cultural en un evento como este. De los casi 300 asistentes, apenas cuarenta desarrollaban su actividad en el ámbito cultural, la mayoría de ellos del sector público, sobre todo grandes fundaciones tipo Liceu, MACBA, Festival Temporada Alta de Girona…, que son, por otro lado, quienes más avanzada tienen la tarea de captar recursos privados para su acción. El resto, la mayor parte, representaban al sector asistencia y de salud, la cooperación, la solidaridad… Aunque no todas, muchas empresas y fortunas –grandes o pequeñas- pueden ver en el mecenazgo, en la financiación de acciones, programas o causas con un marcado fin social (cultural) una forma relevante de articular su propia presencia en la sociedad. Gentes con conciencia de que retornar una parte de sus beneficios es satisfactorio y rentable de un modo u otro.

En el sector cultural estamos muy verdes en este nuevo ámbito abierto a la financiación. Y debemos prepararnos, conocerlo, dedicar esfuerzos concretos a informar de nuestros proyectos a gentes que puedan aportarles impulso, sea en forma de dinero o de relaciones. Sin dejarse vencer por la inercia que considera cualquier cuestión relacionada con la captación de recursos privados, una labor hercúlea. Actuar como si los fondos públicos fuesen los únicos que pueden contribuir al desarrollo de proyectos culturales en España es, a medio y largo plazo, un suicidio para los que piensen así.

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Buscando a ¿Wally?; perdón, buscando a Mecenas. El evangelio cultural del mecenazgo: dad y se os dará

Hace unas semanas hablaba del patrocinio como herramienta de financiación de la cultura y como expresión de la acción social de las empresas y de sus nuevas responsabilidades en el desarrollo cultural. Un tema estrechamente relacionado es el del mecenazgo de carácter filantrópico, que toca plantearse en un contexto de crisis, pero que es una clave estratégica para el sector, como ya lo es en otros muchos países.

El incremento de la participación financiera desinteresada en proyectos culturales –teatros, orquestas, museos, producciones escénicas, danza…- por parte de empresas, instituciones privadas y ciudadanos filántropos es una contribución de primer orden a la articulación de la sociedad, a su desarrollo por la vía del incremento de los niveles de formación y de cultura y de consumo de arte. Que es posible, es decir, que la sociedad española está preparada para asumir el mensaje de que su contribución económica es necesaria, lo demuestra el amplio recorrido que en este sentido llevan hecho las ONGs de solidaridad y cooperación internacional. Eso sí, el ámbito de la cultura precisa desarrollar un mensaje propio atractivo, argumentado para recabar donaciones, y ofrecer a los contribuyentes reconocimiento y contrapartidas vinculadas a la mejora de su imagen  pública, si lo desean.

Y por otro lado, es imprescindible avanzar aceleradamente hacia unas normas fiscales que favorezcan el mecenazgo. Los incentivos fiscales españoles recogidos en la Ley actual son de los más bajos de Europa y se han mostrado insuficientes para promover la filantropía. En el último número de la revista Ópera actual, David Camps, director de Mecenazgo y Comercial del Liceu, escribe un interesante artículo sobre este asunto, en el que resalta el positivo efecto que la reforma de la ley en Francia tuvo sobre el mecenazgo cultural.

Por su importancia, por su repercusión, éste no es, no debe ser, un tema que los diversos agentes del sector cultural aborden exclusivamente cada uno con sus propias fuerzas y habilidades. La reforma de la Ley es una cuestión que compete al conjunto del sector y que debe ser planteada unificadamente al gobierno y al parlamento. Ya. En un momento histórico en el que el dinero público se retrae de la acción social y cultural, dar protagonismo a quienes desde la sociedad civil estén dispuestos a aportar fondos a la cultura y a la acción social es una tarea urgente e imprescindible.

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