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Cambio y Cultura: el bien común está en juego

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Una cosa es acceder al poder, al gobierno, y otra gobernar: distintos son los discursos, los caminos y hasta los equipos humanos. Ya sé que no expreso ningún pensamiento original. Un recio refrán lo dice a la castellana manera estableciendo lo diferente que es predicar y dar trigo. La historia del cambio social, a veces revolucionario, del que tenemos abundante constancia a lo largo del pasado siglo XX, muestra esta terrible verdad: tan incontables han sido las revoluciones como los fracasos posteriores al intentar construir sociedades mejores y diferentes una vez tomado el poder. Resumen: los cambios son posibles…, y difíciles.

Viene este ex cursus a cuento de que hace unos días asistí en el Matadero a una reunión de la asamblea de Cultura de Ahora Madrid, sobre el tema de los centros culturales. Amigos que simpatizan con ese movimiento me invitaron y no me reconocería a mí mismo si no acepto la invitación de un amigo. Aunque sea a título de oyente. No dije nada porque desde hace años no estoy en ningún equipo, pero observé. Vayan estas líneas como resultado breve de lo que esa reunión me sugirió. Muy poco, por cierto, relacionado con lo allí hablado.

Que el cambio en Madrid, y en otras partes de España, era tan necesario como urgente lo muestra tanto el deseo de esos miles y miles de personas que dieron en mayo su voto a nuevas opciones políticas, como la sordera de los partidos tradicionales a un runrún que desde hace mucho tiempo anunciaba por las calles que los ciudadanos estaban ahítos de no ser escuchados, de los viejos modos; incluso de corrupción.

Pero una vez producido el cambio los nuevos regidores han de dirigir la política y los presupuestos a satisfacer las necesidades ciudadanas. En el caso de Madrid, de una ciudad de varios millones de habitantes, compleja y llena de dificultades administrativas. Y hay que saber mucho, ser muy humilde y estar dispuesto a aprender a toda velocidad…, si es que no sabes lo suficiente o el tren de la responsabilidad te ha llegado mucho antes de lo esperado. Puede ocurrir, también, que en la más ingenua ignorancia algunos de los electos creyeran que para dirigir el destino de una ciudad como Madrid bastaba saber cuatro cosas. La realidad, terrible, de las democracias capitalistas saca del ensueño de inmediato y demanda economistas consagrados, políticos no becarios, abogados expertos, comunicadores no aficionados, sabios gestores de equipos… En fin, exige voces, susurros, experiencia, negociaciones, no gritos. El bien común está en juego.

La gestión del área de Cultura en Madrid tiene delante retos enormes. Y sus nuevos responsables van a tener que apoyarse de verdad en lo que afirman que es su base filosófica: la participación democrática. Ya están tardando en convocar un Consejo Ciudadano de Cultura en el que efectivamente esté el senado cultural de esta ciudad. Un Consejo que reúna a los mejores y a quienes más saben de la cosa pública cultural. Un consejo con capacidad de proponer medidas estratégicas, reflexiones, líneas de acción. Un consejo que supervise y dé voz.

Los dirigentes municipales de Cultura tienen la obligación, ahora que sus dedos saben qué es eso del poder, de redefinir sus objetivos y su programa, porque todos -tirios y troyanos- sabemos que el que emplearon para ganar sus votos, no podrán aplicarlo ni en toda su extensión ni en el ritmo soñado. Pero sería nefasto que algunas de las cosas prometidas no se cumplieran. Propongo, además de la creación del Consejo Ciudadano de Cultura, algunas otras medidas urgentes:

La primera, definir los objetivos, presupuestos y recursos, incluidos los de personal, para los grandes contenedores culturales de la ciudad dependientes del Ayuntamiento: Conde Duque, Matadero, Fernán Gómez, Español, festivales… Probablemente para ello habrán de separar responsabilidades de gestión y desconcentrando poder, lo que no quiere decir que no respondan a una sola política cultural. En este apartado es imprescindible sacarle el máximo partido a la empresa municipal Madrid Destino, una herramienta de gestión profesional que debe servir -probablemente después de revisar su actual estructura y misión- para facilitar la aplicación concreta de la política municipal.

La segunda, fijar los nuevos criterios de acceso a los cargos de responsabilidad de todos los centros culturales municipales –centrales y distritales- en base a normas basadas en el contrato programa, es decir, en que su elección sea por concurso, transparente, y previa presentación pública de un programa de acción –enmarcado en la política municipal- de cuyo compromiso se hace responsable formalmente y por contrato quien lo obtenga.

La tercera, fijar nuevas normas de licitación para los contratos de gestión de los servicios culturales municipales que atienda a criterios de política cultural y no de economía de costes, y fije su objetivo en la satisfacción ciudadana del servicio cultural. Unos pliegos de licitación que desglosen y diferencien las partidas técnicas, de gestión, de comunicación…, de las de programación y contratación, que garanticen que todos los participantes cobren con dignidad; que fijen límites concretos al beneficio económico de la empresa que gane la licitación; que la decisión se tome en acto público y previa presentación y defensa de las diversas propuestas; que la ejecución sea justificada posteriormente factura a factura ante el ayuntamiento; unos pliegos que prohíban taxativamente la subcontratación…

La cuarta, convertir los centros culturales de proximidad en centros de irradiación cultural y de participación artística de las fuerzas creativas de cada barrio y de los ciudadanos que lo deseen. Las residencias artísticas, la apertura de los centros a los vecinos para su utilización y para que participen en la programación, la creación de consejos de barrio que trasladen opiniones y propuestas… han de formar parte fundamental del nuevo modelo de gestión.

En fin, son muchas las iniciativas y medidas que es preciso poner en pie urgentemente en este periodo transitorio. Más allá de debates hoy es prioritario dar pasos en la dirección de acercar la cultura y el arte a los ciudadanos, y hacer más democrático y transformador ese contacto. El bien común cultural.

En mi opinión no es tan urgente hacer muchas cosas nuevas, como hacer bien las que están en marcha y ponerlas al servicio de los ciudadanos, introduciendo pequeñas cuñas que hagan de semilla de futuro.

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Privatizar: mirar el dedo o a dónde señala. A propósito de la Plataforma en Defensa de la Cultura

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Ayer, 4 de noviembre, asistí en el Círculo de Bellas Artes a una asamblea convocada por numerosas asociaciones culturales contra la “privatización” del teatro Fernán Gómez y contra el 21% del IVA cultural. La Plataforma en Defensa de la Cultura.

Desde los viejos tiempos temo las asambleas porque de modo natural suelen tender a convertirse en escenario de emociones y manipulaciones y muy rara vez en espacio de reflexión para la toma de decisiones, que es para lo que supuestamente se convocan.

Asistí, primero interesado, luego perplejo, a numerosas intervenciones, ya emocionales, ya llamadoras a la “lucha”. Muchas con más enfado que argumentos. Las más con más entusiasmo que reflexión. Todas culpando a terceros y llamándose a andana de la más mínima responsabilidad en la actual situación. Sin algo de autocrítica y, más allá, sin que nos pongamos de acuerdo en el contenido y el sentido que damos a las palabras, sin que acordemos el marco en el que las gentes dedicadas profesionalmente a la cultura plantean sus quejas y reclamaciones, y sin que el norte de toda acción sean las necesidades ciudadanas, la vida de todo movimiento reivindicativo será inevitablemente corta. Y en el mejor de los casos de escaso calado y menor repercusión.

Y sin embargo la situación de profunda crisis social, económica y política, y la completa ausencia de estrategia cultural -en el gobierno y en cualquiera de los grupos políticos-, hace absolutamente perentorio generar pensamiento: definir hacia dónde queremos ir. Si me apuras, soñar el futuro para que sepamos los pasos que hay que dar para ir acercándonos a él.

Hoy, el reto de todo movimiento social o político preocupado por la cultura ha de ser llenar de contenido concreto el genérico mandato constitucional que da a las administraciones públicas la responsabilidad de promover la cultura. Una tarea pendiente desde hace treinta y cinco años. Lo cual exige abordar las grandes líneas de un política cultural que se precie: un pacto ciudadano y político por la cultura que le dé valor estratégico, la adecuada financiación pública y privada de la cultura, la transparencia en su funcionamiento y el establecimiento de fórmulas democráticas de acceso a la gestión pública, o la democratización cultural y el establecimiento de fórmulas de participación ciudadana, por mencionar algunas líneas maestras que hay que desarrollar.

Sin embargo los movimientos críticos suelen detenerse en los aspectos cosméticos, sin ir al fondo y al marco de la cuestión. Ver el arbusto que tenemos ante nuestra nariz y encelarnos en él.

En este sentido, el que parece ser el núcleo duro de las reivindicaciones tiene que ver con la privatización. Pero, ¿qué es eso de privatización? Definamos burda pero operativamente que es pasar algo que rigen manos públicas a manos privadas. Según la RAE, transferir una empresa o actividad pública al sector privado. Pero démosle algo más de profundidad, algún matiz más. En ese sentido siempre he dicho que se puede diferenciar entre  privatizar la propiedad, privatizar la gestión concreta o privatizar la función política. Primero, la propiedad de bienes o inmuebles culturales no está hoy en entredicho, ningún grupo político la plantea, aunque personalmente estoy seguro que hay propiedades públicas que podrían venderse para que dejasen de ser poco rentables socialmente y lesivas a lo público (o simplemente para recaudar fondos para necesidades superiores: ¿superiores a la cultura?: Sí, la vida, el empleo, la salud, la vivienda, la educación…). Segundo, se puede privatizar la gestión concreta, y eso es lo que se hace en muchos servicios cuyo funcionamiento es imposible que lo hagan funcionarios, ya por costes ya simplemente por operatividad (en este ámbito están la limpieza, autopistas, aeropuertos, e incluso aspectos de orden público, sin que nadie se rasgue por ello las vestiduras. Luego, claro, está el CÓMO se hace y A QUIÉN aprovecha). Y, tercero, se puede privatizar la función, es decir la política cultural, y que sean empresas privadas las que definan las necesidades ciudadanas en esta materia y decidan lo que hacer. ESTO ES LO VERDADERAMENTE GRAVE Y PELIGROSO. Y ES LO QUE SE ESTÁ HACIENDO. De matute, como dirían los castizos.

Porque, al ceder la gestión con criterios exclusivamente de ahorro o/y de rentabilidad económica, excluyendo la rentabilidad social y el control y evaluación de la gestión privada, de facto se está entregando la función de política cultural a los adjudicatarios de la gestión. Dos pájaros de un solo tiro. Seguramente los políticos que privatizan la gestión sin más criterio que la adjudicación al mejor postor, y las más de las veces en penumbra, ni siquiera son conscientes de que en realidad están renunciando a dirigir la política cultural de esos espacios cedidos a la gestión privada. ¡Tan poco saben de política cultural!

¿Puede evitarse? Sí, claro: imponiendo formatos transparentes y democráticos de contratación y adjudicación, en los que se fijen los criterios de política cultural que los adjudicatarios deben asumir. Sí, claro, imponiendo controles, auditorías y evaluaciones, que supervisen que la gestión está al servicio de la sociedad y de la política cultural marcada. (Controles que deberían llevar al levantamiento de la adjudicación si la gestión no responde a lo acordado). ¿Puede impedirse? Sí, claro, imponiendo limitaciones concretas desde las administraciones públicas a los niveles de beneficio a los que pueden aspirar los adjudicatarios. Limitaciones que se explican y justifican porque optan a gestionar un servicio público beneficioso para la sociedad.

El verdadero reto de los poderes públicos hoy no es abaratar costes en la gestión, eso lo hace cualquiera, aunque no sepa nada. El nuevo reto es establecer un papel superior de control a las administraciones públicas sobre la gestión privada de la cultura y otros servicios. El mundo del funcionariado, decimonónico y arcaico sin duda, deja paso en la actualidad y en el futuro a la mayor intervención de la sociedad civil -empresas incluidas- en su gestión. Pero las empresas han de ajustarse siempre al servicio de los intereses y necesidades de la sociedad fijados por las administraciones democráticamente elegidas. Por ello han de establecerse esos sistemas concretos de control y evaluación.

Hoy las instituciones, y los partidos, parecen incapaces de asumir sus nuevas tareas, imbuidos las más de las veces de un espíritu de recorte, corrupción y alergia a la transparencia. Son los ciudadanos más conscientes los que urgidos por la realidad del abandono cultural deben asumir esa tarea.

Necesitamos movimiento, alzar la voz, claro que sí. Pero necesitamos todavía más, señalar con el dedo la dirección hacia la que conducir el movimiento y la voz. Y cuidado, siempre hay quien se queda con su mirada fija en la punta del dedo.

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Leyes imprescindibles para 2013 (no previstas)

 

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El nuevo año, 2013, debería traer nuevas leyes imprescindibles para airear la democracia y la cultura. Aquí van unas propuestas.

Ley de Servicios Públicos: que sancione en la práctica el compromiso total del Estado y las instituciones con los servicios públicos. Una ley que, atendiendo a la necesaria eficiencia en los servicios públicos -cultura, sanidad, educación…-, reconozca y arbitre la gestión privada de algunos de sus ámbitos, pero excluya de ella a las empresas con ánimo de lucro. O, en su defecto, una ley que imponga severísimos controles que disuadan a cuantos empresarios quieran hacer negocio desmedido con la salud, la educación o la cultura.

Ley de Transparencia en la Gestión: que establezca obligaciones indeclinables en la gestión pública de presentar cuentas claras, procesos de selección y contratación transparentes, impida amiguismos, corruptelas, y establezca duras responsabilidades concretas si esas obligaciones no se cumplen.

Ley de la Cultura: que establezca la importancia estratégica de la Cultura y las artes para este país y para el devenir de su sociedad, su valor esencial como materia articuladora de identidad e impulso económico, y que establezca medidas específicas para su desarrollo, y el de su tejido organizativo (museos, compañías, empresas, orquestas, teatros…) cada vez más autónomo de los poderes políticos y más vinculado y controlado por los ciudadanos.

Ley de Responsabilidades Políticas, que estipule las obligaciones y las responsabilidades de los políticos más allá de su cargo, para disuadir a cuantos consideran que la actividad política es un coto de negocio y de poder del que no han de responder ante los ciudadanos aunque dejen las finanzas públicas en bancarrota o las empleen a su servicio y al de los suyos. Una ley que impida que la mala gestión quede impune. Una parte de esta ley debería fijar incompatibilidades tan duras que hicieran muy poco deseable a los arribistas hacer política. En algún punto de la redacción de esta ley debería acogerse como modélica e inspiradora la frase del Rey: ¡Lo siento. Me he equivocado. No volverá a ocurrir!

Ley de Responsabilidades Empresariales que impida que banqueros ladrones y empresarios de la construcción sinvergüenzas, mantengan sus  beneficios –en forma de yates, dinero, propiedades o puestos directivos- cuando han sido responsables ciertos del desempleo y la miseria de millones de personas, y el empobrecimiento de un país.

Y una última ley, esta simplemente desiderativa: Ley de Solidaridad y Compasión frente al sálvese quien pueda, que promueva el valor de los ciudadanos que apoyan a otros, que exalte a cuantos se compadecen de quienes sufren y hacen algo concreto en su favor. Una ley que publicite como un mal obtener beneficios del perjuicio a terceros. Una ley que convierta ante los otros en buenos a los buenos y difunda como perversa la imagen de los malos. Una ley que entiendan los niños.

 

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¿Bailamos, ministro?

He de reconocer que me gusta más el ministro José Ignacio Wert que su antecesora, Ángeles Sinde. Obviamente no tiene que ver con el aspecto, ni tampoco con ideologías o simpatías en torno cosmovisiones. Leo sus respuestas a la interesante entrevista publicada en El Mundo, y concluyo que puedo estar en desacuerdo en muchas cosas, pero que sin duda hay conceptos, proyectos, ideas en torno a la Cultura. Ideas, qué bien. Me gusta.

En la gestión pública, como en la privada, el criterio regidor esencial es el que surge de lo razonable, de la lógica, de la sensatez. Por ejemplo, Wert se hace dos preguntas que nos hemos hecho muchos respecto a la creación en que intervienen amplios colectivos (no en la creación individual), de las que el cine y el teatro son exponentes obvios. El ministro se pregunta sobre el cine: “¿De verdad pensamos que podemos llevar a las salas más de 100 películas al año (se refiere a españolas)? ¿De verdad pensamos que podemos permitirnos un sistema de ayudas que viva al margen de la posibilidad de recaudación? Definitivamente, como sucedió en 2010, las ayudas no pueden superar a toda la recaudación en taquilla.”

Ningún modelo de promoción cultural debe poner obstáculos a la creación, individual o colectiva. Pero de ahí a apoyar indiscriminadamente proyectos creativos y al margen de los resultados y del veredicto de la sociedad hay un abismo que los responsables políticos no deben pasar. Porque el arte es arte cuando algún sector social lo considera como tal. El valor cultural de las expresiones artísticas colectivas no nace del hecho de ser producidas, sino de que su encuentro con el público se produzca.

Habrá que esperar a las propuestas concretas del equipo ministerial en torno a los sistemas de ayudas en el cine y en las artes escénicas. Cada cual ha de asumir sus responsabilidades. A los creadores les toca asumir que son los públicos quienes deciden; a los políticos, recordar que promover el arte significa dejar un espacio defendido y cálido para los nuevos creadores, para las expresiones artísticas mas comprometidas, frágiles o innovadoras. Los sistemas de ayudas, la nueva ley de mecenazgo, el imprescindible debate sobre la responsabilidad social y la transparencia en la gestión pública…, son temas urgentes, para no pisar líneas rojas en Cultura. Ya.

No debemos temer al mercado. Pero no debemos dejar todo al mercado.

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