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El voto cultural para quien se lo trabaje

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Preguntas a mogollón para tomar la decisión, porque votar o no votar no es la única cuestión

Las elecciones municipales y autonómicas presentan un reto enorme a los ciudadanos si lo que desean es saber cuál es el programa de los candidatos en materia cultural. Todos los partidos atienden poco y mal ese frente. Todos los candidatos se despreocupan y muestran su incultura política al tener tan poquito en cuenta ese ámbito. La Cultura, que junto a la educación, son bienes inefables y constructivos de ciudadanía, son en estas fechas apenas rozados en los discursos principales de los candidatos.

Y sin embargo es en el marco local, cercano a la vida cotidiana de los ciudadanos, en el que podrían implementarse numerosas medidas, pequeñas sí, pero multiplicadoras. Ese tipo de medidas es el que debemos rastrear en los programas electorales de quienes demandan nuestro voto, para dárselo a quien se lo trabaje. Preguntemos y preguntémonos, pues.

¿Cuánta importancia dan en su programa a la participación de los ciudadanos en la gestión de la cultura, en la programación, en el funcionamiento de los grandes teatros y auditorios y de los pequeños centros culturales de barrio? ¿Alguno propone fórmulas concretas: consejos, asambleas, refrendos, votaciones, impulso del asociacionismo…? Si ni siquiera aparece esta cuestión, olvídate. Porque si ahora no proponen medidas concretas que articulen la participación de los vecinos o de sus asociaciones, ni de coña lo harán cuando tengan el poder.

¿Cuánta relevancia dan en su programa a la proximidad cultural, es decir, a la horizontalidad y a la descentralización cultural? ¿Hablan de grandes programaciones y grandes nombres y de los contenidos a aportar desde los espacios-escaparate, o prestan atención a los programas de continuidad, esos que debieran desarrollarse allí de modo estable, cerca de donde viven los ciudadanos?

¿Mencionan la palabra transparencia en la gestión de las instituciones culturales? Cuidado: si no va indisolublemente unida a medidas concretas, explícitas y cuantificables que la garanticen el uso del término es pura cosmética. ¿Establecen, pues, medidas concretas para garantizarla? Por ejemplo, consejos ciudadanos ante los que presentar y justificar los presupuestos, auditorías externas a las que someter la gestión económica, garantías de que los procesos de convocatorias, licitaciones, asignaciones serán públicos, o desarrollo explícito de esas normas de transparencia en las webs…

¿Dicen algo de cómo elegirán o designarán a los futuros responsables de los centros culturales públicos, grandes o pequeños? ¿Dicen si será en procesos abiertos al control ciudadano? ¿Menciona alguno la instauración del contrato programa que cualquier candidato a dirigir y gestionar un centro público debe presentar, suscribir y comprometerse a cumplir? Porque si ni mencionan estas cuestiones elementales, seguirán nombrando a los amigos o a los leales, no a los mejores ni a los más adecuados desde el punto de vista del servicio público cultural.

¿Hay alguna referencia a medidas de incentivación económica de la creatividad, o del consumo cultural? ¿O esas cuestiones las dejan a la política nacional y justifican su abandono en que no es competencia local? ¿Ningún candidato propone nada en esa dirección, salvo las ayudas a fondo perdido, herramienta por cierto antigua e inútil? Olvídate: ni siquiera han reflexionado sobre cómo hacerlo.

¿Propone alguno de los candidatos multiplicar los programas de residencias artísticas, es decir la acogida en los espacios culturales municipales compañías y grupos de creadores y jóvenes talento? Si es así es que piensan en cómo sacar el máximo jugo a los espacios culturales municipales y multiplicar su uso. Y si no…

¿Alguna referencia a que desde las instituciones que aspiran a gobernar harán cosas concretas a favor de que las expresiones culturales más débiles –la danza, el circo, la creación de vanguardia…- también llegarán a los ciudadanos? O eso se deja para Madrid, Barcelona y los centros dramáticos nacionales.

¿Hablan de privatización? Si lo hacen, ¿mencionan las palabras eficacia y eficiencia e incluso rentabilidad, y no mencionan ni un solo beneficio social asociado a los procesos de privatización propuestos? Olvídate, la conclusión es que lejos de desear una mejor gestión del servicio publico cultural para el ciudadano, lo que desean es ahorrar y reducir presupuesto cultural, aunque el servicio se resienta o desaparezca como tal.

En realidad, el escenario local es el laboratorio perfecto para establecer las políticas culturales de proximidad, que pueden y deben jugar un papel decisivo en el desarrollo de las vidas de los ciudadanos y en su desarrollo como tales.

Pero si los candidatos no se plantean en sus programas medidas relevantes en alguna de estas cuestiones, es que la cultura, en realidad, les preocupa muy poco. Nada.

Ya sabemos por experiencia, además, que ninguna política –cultural, de seguridad, de limpieza o de urbanismo…- se puede llevar a cabo sin los presupuestos adecuados para convertirla en realidad. Y si en los programas, discursos o en su práctica, si gobernaban anteriormente, los compromisos presupuestarios no aparecen, olvídate.

Saquemos las consecuencias, cada uno ha de hacerlo, sobre si las candidaturas y los candidatos por los que la cultura resbala como la lluvia sobre impermeable merecen el voto.

Y recuerda que digan lo que digan los programas, los candidatos, los partidos o los funcionarios de la cultura, los ciudadanos que de verdad queramos influir en el devenir de la política cultural –de la política en general- habremos de participar en su día a día, y esa labor es mucho más importante que la de depositar el voto una vez cada cuatro años.

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Gestión de la Cultura y ánimo de lucro, una pareja bien fea

Las administraciones públicas, responsables por activa o por pasiva de la actual situación económica, salen de estampida de la gestión de los servicios públicos para abaratar sus costes.

La privatización, sin criterios y sin más objetivo que gastar menos, amenaza a la Cultura y otros servicios esenciales de la comunidad. Está pasando de tapadillo y sin oposición la entrega de teatros, auditorios y centros culturales de titularidad pública (y hospitales…) a empresas con ánimo de lucro. Empresas que están obligadas a anteponer su propio beneficio a la función social del servicio que se les entrega, y la mayor parte de las veces se dan sin la más mínima transparencia, a escondidas.

Soy un decidido partidario de la desfuncionarización de la cultura, pero para que en su gestión entre la sociedad civil, pero para que se democratice y acoja la opinión y los deseos de los ciudadanos. Y sin embargo, ya está ocurriendo todo lo contrario. Es el momento de decir en voz alta que los servicios sociales y en lo que nos afecta, la cultura, no puede ser gestionados por empresas con ánimo de lucro, y que la gestión de la cultura debe ser asumida, en el caso de que se privatice, por organizaciones del Tercer y Cuarto sector, es decir, por organizaciones sin ánimo de lucro, o por empresas con fines sociales y limitación legal de sus beneficios.

Crear un nuevo modelo de gestión de lo público es una tarea extraordinariamente urgente en la que las organizaciones culturales tienen todo que decir. Es cierto que muchas de ellas para acceder a responsabilidades de gestión han de incrementar sus capacidades organizativas y de gestión. Es cierto que hay que reformar las leyes para que empresas culturales que funcionan de facto como empresas sin ánimo de lucro, sean tratadas fiscalmente como tales.

Pero es posible y es necesario, si la sociedad civil no quiere ver cómo servicios esenciales pasan a funcionar con criterios exclusivos de rentabilidad, olvidando sus valores de equilibrio social, de igualdad de oportunidades, de mejoramiento social.

El modelo de sociedad al que nos dirigimos puede ser apolíneo o convertirse en un monstruo en el que la desigualdad triunfe porque el dinero decide en cuestiones en las que no debe decidir. Algo hay que hacer sobre esta cuestión estratégica, ¿no?

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