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Privatizar: mirar el dedo o a dónde señala. A propósito de la Plataforma en Defensa de la Cultura

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Ayer, 4 de noviembre, asistí en el Círculo de Bellas Artes a una asamblea convocada por numerosas asociaciones culturales contra la “privatización” del teatro Fernán Gómez y contra el 21% del IVA cultural. La Plataforma en Defensa de la Cultura.

Desde los viejos tiempos temo las asambleas porque de modo natural suelen tender a convertirse en escenario de emociones y manipulaciones y muy rara vez en espacio de reflexión para la toma de decisiones, que es para lo que supuestamente se convocan.

Asistí, primero interesado, luego perplejo, a numerosas intervenciones, ya emocionales, ya llamadoras a la “lucha”. Muchas con más enfado que argumentos. Las más con más entusiasmo que reflexión. Todas culpando a terceros y llamándose a andana de la más mínima responsabilidad en la actual situación. Sin algo de autocrítica y, más allá, sin que nos pongamos de acuerdo en el contenido y el sentido que damos a las palabras, sin que acordemos el marco en el que las gentes dedicadas profesionalmente a la cultura plantean sus quejas y reclamaciones, y sin que el norte de toda acción sean las necesidades ciudadanas, la vida de todo movimiento reivindicativo será inevitablemente corta. Y en el mejor de los casos de escaso calado y menor repercusión.

Y sin embargo la situación de profunda crisis social, económica y política, y la completa ausencia de estrategia cultural -en el gobierno y en cualquiera de los grupos políticos-, hace absolutamente perentorio generar pensamiento: definir hacia dónde queremos ir. Si me apuras, soñar el futuro para que sepamos los pasos que hay que dar para ir acercándonos a él.

Hoy, el reto de todo movimiento social o político preocupado por la cultura ha de ser llenar de contenido concreto el genérico mandato constitucional que da a las administraciones públicas la responsabilidad de promover la cultura. Una tarea pendiente desde hace treinta y cinco años. Lo cual exige abordar las grandes líneas de un política cultural que se precie: un pacto ciudadano y político por la cultura que le dé valor estratégico, la adecuada financiación pública y privada de la cultura, la transparencia en su funcionamiento y el establecimiento de fórmulas democráticas de acceso a la gestión pública, o la democratización cultural y el establecimiento de fórmulas de participación ciudadana, por mencionar algunas líneas maestras que hay que desarrollar.

Sin embargo los movimientos críticos suelen detenerse en los aspectos cosméticos, sin ir al fondo y al marco de la cuestión. Ver el arbusto que tenemos ante nuestra nariz y encelarnos en él.

En este sentido, el que parece ser el núcleo duro de las reivindicaciones tiene que ver con la privatización. Pero, ¿qué es eso de privatización? Definamos burda pero operativamente que es pasar algo que rigen manos públicas a manos privadas. Según la RAE, transferir una empresa o actividad pública al sector privado. Pero démosle algo más de profundidad, algún matiz más. En ese sentido siempre he dicho que se puede diferenciar entre  privatizar la propiedad, privatizar la gestión concreta o privatizar la función política. Primero, la propiedad de bienes o inmuebles culturales no está hoy en entredicho, ningún grupo político la plantea, aunque personalmente estoy seguro que hay propiedades públicas que podrían venderse para que dejasen de ser poco rentables socialmente y lesivas a lo público (o simplemente para recaudar fondos para necesidades superiores: ¿superiores a la cultura?: Sí, la vida, el empleo, la salud, la vivienda, la educación…). Segundo, se puede privatizar la gestión concreta, y eso es lo que se hace en muchos servicios cuyo funcionamiento es imposible que lo hagan funcionarios, ya por costes ya simplemente por operatividad (en este ámbito están la limpieza, autopistas, aeropuertos, e incluso aspectos de orden público, sin que nadie se rasgue por ello las vestiduras. Luego, claro, está el CÓMO se hace y A QUIÉN aprovecha). Y, tercero, se puede privatizar la función, es decir la política cultural, y que sean empresas privadas las que definan las necesidades ciudadanas en esta materia y decidan lo que hacer. ESTO ES LO VERDADERAMENTE GRAVE Y PELIGROSO. Y ES LO QUE SE ESTÁ HACIENDO. De matute, como dirían los castizos.

Porque, al ceder la gestión con criterios exclusivamente de ahorro o/y de rentabilidad económica, excluyendo la rentabilidad social y el control y evaluación de la gestión privada, de facto se está entregando la función de política cultural a los adjudicatarios de la gestión. Dos pájaros de un solo tiro. Seguramente los políticos que privatizan la gestión sin más criterio que la adjudicación al mejor postor, y las más de las veces en penumbra, ni siquiera son conscientes de que en realidad están renunciando a dirigir la política cultural de esos espacios cedidos a la gestión privada. ¡Tan poco saben de política cultural!

¿Puede evitarse? Sí, claro: imponiendo formatos transparentes y democráticos de contratación y adjudicación, en los que se fijen los criterios de política cultural que los adjudicatarios deben asumir. Sí, claro, imponiendo controles, auditorías y evaluaciones, que supervisen que la gestión está al servicio de la sociedad y de la política cultural marcada. (Controles que deberían llevar al levantamiento de la adjudicación si la gestión no responde a lo acordado). ¿Puede impedirse? Sí, claro, imponiendo limitaciones concretas desde las administraciones públicas a los niveles de beneficio a los que pueden aspirar los adjudicatarios. Limitaciones que se explican y justifican porque optan a gestionar un servicio público beneficioso para la sociedad.

El verdadero reto de los poderes públicos hoy no es abaratar costes en la gestión, eso lo hace cualquiera, aunque no sepa nada. El nuevo reto es establecer un papel superior de control a las administraciones públicas sobre la gestión privada de la cultura y otros servicios. El mundo del funcionariado, decimonónico y arcaico sin duda, deja paso en la actualidad y en el futuro a la mayor intervención de la sociedad civil -empresas incluidas- en su gestión. Pero las empresas han de ajustarse siempre al servicio de los intereses y necesidades de la sociedad fijados por las administraciones democráticamente elegidas. Por ello han de establecerse esos sistemas concretos de control y evaluación.

Hoy las instituciones, y los partidos, parecen incapaces de asumir sus nuevas tareas, imbuidos las más de las veces de un espíritu de recorte, corrupción y alergia a la transparencia. Son los ciudadanos más conscientes los que urgidos por la realidad del abandono cultural deben asumir esa tarea.

Necesitamos movimiento, alzar la voz, claro que sí. Pero necesitamos todavía más, señalar con el dedo la dirección hacia la que conducir el movimiento y la voz. Y cuidado, siempre hay quien se queda con su mirada fija en la punta del dedo.

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Los Max y el Señor de los ombligos

La fiesta de los Max fue estupenda por el marco (qué guapo es el Price para estas cosas: hay que repetir), por el guión y la dirección (intuyo que a dos manos por esa pareja artística compuesta por Antonio Muñoz de Mesa y Olga Margallo), y por la vibrante presentación de Petra Martínez. Bien. La organización de SGAE y Fundación Autor fue espléndida y hay que felicitar al equipo de producción por este éxito.

¿El reparto de premios?: por barrios. Habrá que encontrar solución al excesivo peso de los amigos y clanes en la elección porque impide la llegada de obras o candidatos relevantes que son desplazados por el aluvión de los que votan por alguien y por todo lo que ese alguien haya hecho. Con Animalario ya sabíamos de estas cosas, pero la táctica sigue, y eso no es nada bueno para los Max. Ni para el teatro. Respecto al asunto de la censura de algunos parlamentos, no he visto la retransmisión, pero por lo leído, más podríamos achacar en todo caso los resultados a impericia que a mala intención de TVE: nada se dijo allí que pusiera en riesgo la seguridad nacional. Incluso se dijeron cosas tontas que sí debieran haberse evitado a los sufridos espectadores de televisión.

Durante la Gala me surgieron varias reflexiones, dos de las cuales me gustaría compartir. La primera tiene que ver con el espíritu de queja minimoys del sector, con su chata y ombliguista mirada.  Ya dijo Petra (que se lo veía venir) que debíamos mirarnos menos el ombligo. Y eso que no dijo que los ombligos por televisión dan fatal, pero fatal, fatal. El caso es que no le hicieron caso, y el que no dedicaba el premio a una desmesurada retahíla de consanguíneos y amigos, se dedicaba a despotricar de la crisis o de los recortes. La tendencia a la endogamia, al espejito –“dime que soy la más guapa”- y al compadreo, impide que ofrezcamos a los espectadores, a los públicos, una imagen moderna, abierta, entusiasmada, feliz, positiva, brillante del teatro. Y así, el reino de los sueños queda jibarizado por el Señor de los ombligos. (Tomo la imagen de mi querido Juan Carlos Rubio)

La otra reflexión tiene que ver con la necesaria apertura de la organización de estos premios Max. Sin querer retomar hoy el debate sobre la Academia de las Artes  Escénicas, es imprescindible, mirando al futuro, la presencia en la organización de todos los sectores, desde la interpretación a la escenografía, de la producción a los técnicos. Que SGAE, cuya función primordial es la recaudación y reparto de los derechos de los autores,  asuma en solitario la representación de todos los “gremios” no es solamente un riesgo para ella, sino, sobre todo, una dificultad para conseguir la implicación de cuantos laboran en el teatro, y un obstáculo para la transparencia.

El tema es complejo, lleno de matices relacionados con los procesos de selección, votación y comunicación, pero pasada esta bien organizada edición tal vez convenga sentarse, abrir las puertas y definir un nuevo modelo de premios para el teatro que los haga más participativos más globales, más ambiciosos. El momento de cambio que vive SGAE parece facilitar que la propia sociedad de autores lidere generosamente la apertura.

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Patrocinio y fiscalidad, una pareja que da juego

La parte más debatida de las leyes de patrocinio suele ser los incentivos fiscales que promueven que empresas y particulares contribuyan a la financiación de la cultura.

En mi opinión los porcentajes de desgravación son relevantes, pero no tanto como se suele señalar. No olvidemos que la contribución de las empresas al patrocinio, reduce los impuestos de esas empresas, y por lo tanto la suma de ingresos globales que el Estado maneja. Por eso los incentivos fiscales deben estar al servicio de una política cultural global, como decíamos en el anterior post.

Ello quiere decir, que conviene ir a máximos en los incentivos para generalizar en las empresas la aportación de fondos privados a Cultura. Motivan mucho más y hacen que empresas poco sensibles a la Cultura, se planteen apoyarla. Los incentivos máximos juegan, en fin, un papel divulgador del papel de la empresa como financiador cultural.  Pero formar parte de una política cultural quiere decir también que  el modelo de incentivos que se apruebe, debe garantizar que ámbitos culturales y artísticos poco mediáticos, o minoritarios, reciban también el apoyo económico del mundo empresarial. Así que, dentro del escalado de incentivos, demos máximos beneficios fiscales para los patrocinios a proyectos de vanguardia  o innovadores, o a expresiones de difícil subsistencia. Porque la cultura sin diversidad no es cultura. Y las expresiones más mediáticas van a tener apoyos más fácilmente.

En esta misma dirección, otra fórmula de gran interés –a estudiar para incluirla en la futura Ley- es que una parte de la financiación privada sea, por ley, destinada a un fondo conjunto gestionado por el Estado o las instituciones públicas. Ello garantizaría que actividades que precisan ayuda para subsistir, gozaran también de los beneficios de una buena ley de patrocinio, dentro de una política cultural que los ciudadanos han elegido.

 Y una última cosa relacionada con los incentivos fiscales. Los ciudadanos, individualmente, también deberían poder  patrocinar la cultura y el arte y así debería recogerlo la nueva Ley. A través de pequeñas donaciones desgravables, sí. O, lo que es más revolucionario, a través de la desgravación por consumo. Así, el consumidor de arte, ese que llena teatros, compra libros, cine y música y asiste a exposiciones, vería recompensada y potenciada su fidelidad, su apoyo al arte.

En definitiva, necesitamos una Ley de Patrocinio, orientada a la sociedad, a los públicos, incluso más que a las empresas.

Y pronto el cuarto post dedicado al patrocinio –por el momento-. Pero antes, un paréntesis.

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¿Para qué una ley de Patrocinio? 2

La respuesta a esa pregunta, aparentemente chusca, tiene que ver con el modelo cultural que deseamos para España. La Constitución fija para las instituciones la tarea de promover la cultura como un servicio a los ciudadanos. Una tarea de enorme envergadura que no pueden ceder a terceros y a la que por lo tanto han de destinar establemente fondos suficientes en los Presupuestos Generales del estado y de cada una de sus instituciones.

Por otro lado, además de ser titulares de la propiedad de los espacios culturales públicos, las instituciones son responsables de fijar las líneas estratégicas de hacia dónde va la cultura; también las líneas maestras de la financiación de las artes. En este nuevo modelo mixto de financiación, alma de la nueva ley de patrocinio, las instituciones privadas, empresas, asociaciones y ciudadanos tienen la tarea de colaborar con el estado y contribuir a la financiación de la Culturapara el conjunto de la sociedad. En ese magma privado hay diversos y a veces confrontados intereses. Todos ellos deben estar representados y de algún modo salvaguardados. Porque la aportación de dinero desde las empresas ha de tener obviamente una gratificación, que debe estar establecida y delimitada por la ley. Y respetada por los medios de comunicación, que deben diferenciar el patrocinio de la publicidad, sin ocultar el primero para forzar la segunda.

Pero las aportaciones privadas a la cultura se inscriben en un modelo en el que las decisiones estratégicas sobre cultura las toma el Estado a través de gobiernos elegidos. Y es el Estado el que debe fijar periódicamente las líneas a apoyar preferentemente, mediante incentivos fiscales específicos a las líneas marcadas.

En definitiva, el patrocinio no debe servir a las instituciones para abandonar su responsabilidad política y económica en la cultura. Muy al contrario, es una nueva herramienta para incorporar a las políticas culturales. Porque ninguna ley de Patrocinio debe olvidar que su fin último es poner el arte al servicio de los ciudadanos y con ello hacer ciudadanía.

El viernes seguimos con el tema de los incentivos fiscales.

 

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