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Nace mediantescultura, una empresa del Cuarto Sector

Gestión privada de servicios públicos culturales

La semana pasada se presentó públicamente en Madrid mediantescultura – elmuro, una empresa de gestión privada de servicios públicos culturales, que se guía por el servicio a los ciudadanos. En el recoleta sala de cine de Artistic Metropol, Salvador Sanz y yo mismo, promotores del proyecto, desgranamos las razones de su nacimiento. ¿Es posible que una empresa priorice el servicio publico y el beneficio de los ciudadanos compaginándolos con la sostenibilidad de la empresa? No me digan que no les suena que esta precisamente es una de las características no expresadas de toda una pléyade de empresas culturales y artísticas de nuestro país. mediantescultura, tiene esa filosofía y se reclama capaz de mantener y armonizar los beneficios de la gestión privada, eficaz y eficiente, profesional, con los beneficios sociales propios y característicos de la cultura.

No somos pocas las personas y organizaciones de todo tipo que desde el ámbito cultural aspiramos, deseamos, soñamos e incluso humildemente laboramos por una sociedad más igualitaria en derechos y obligaciones y en la que tener mucho más que otro, además de no ser visto como un ejemplo, sea finalmente, inútil, innecesario. Pero entre tanto se acerca ese momento histórico en el que tantos necesitamos creer, creo, también en que es necesario dar pequeños pasos que mejoren, que “contaminen” positivamente, que ilustren desde la humildad lo mucho que ganaría la sociedad con menos desigualdad. Uno de esos pequeños pasos es el desarrollo del llamado Cuarto Sector de la economía, aplicado a la cultura en el que mediantescultura se inscribe por propia voluntad.

Es bien sabido que el Primer sector se identifica con la empresa privada, el Segundo, el sector público, y el Tercero, el de las organizaciones no lucrativas, pero, ¿qué es eso del Cuarto Sector del que hablamos?

Enunciativamente podemos decir que lo conforman empresas con responsabilidad ante el devenir del bien común, empresas que anteponen el beneficio social al económico porque creen y demuestran que maximizar el beneficio social no es incompatible con ser rentable económicamente. En tanto que maximizar el beneficio económico por encima de todo sí es incompatible con el beneficio social. ¿Os es que no podemos aprovechar la creatividad, el trabajo, el esfuerzo, el ingenio más que para hacer dinero? ¿Es que la profesionalidad y la eficiencia empresarial no puede disponer de alma?

Las empresas que nos acogemos al concepto de Cuarto Sector asumimos unos compromisos públicos concretos en sintonía con el propósito social. Nuestros métodos de negocio deben ser escrupulosos con la legalidad y con ese propósito social; deben atenerse al concepto práctico de ganancias razonables, lo que a menudo implica la autolimitación expresa del volumen de beneficios y obliga a la reinversión; la transparencia y la apertura a auditorías, especialmente en las tareas relacionadas con instituciones publicas; la responsabilidad social y medioambiental; y compromisos estrictos en torno a los derechos laborales y sociales de cuantos se relacionan con la empresa.

Una buena parte de las organizaciones y empresas culturales (incluso algunas encuadradas en el Tercer Sector) cumple algunas o varias de estas características y lo hacen, además, en un sector –el de la Cultura- considerado en nuestro ordenamiento constitucional y en nuestro entorno, como uno de los servicios que las administraciones ofrecen y han de garantizar a los ciudadanos.

Es ilusionante que cada día más organizaciones y empresas del ámbito cultural se adscriban a este concepto práctico del Cuarto Sector. Es estimulante que muchas empresas eficaces, eficientes y profesionales, consideren que es posible compaginar rentabilidad económica y social, y que lo demuestren. Pero para que adquiera cada día más relevancia real es imprescindible que desde el propio sector y desde las instituciones públicas, se tomen algunas medidas urgentes.

Desde el propio sector, hay que crear una normativa auto-reguladora de cumplimiento de las medidas enunciadas que permita diferenciar a aquellas empresas presentes en el ámbito de la cultura que priorizan el negocio, de aquellas que priorizan el beneficio social. El primer paso es el encuentro y el acuerdo de aquellas organizaciones que se sitúan en esta perspectiva.

Desde las administraciones públicas se debe, por un lado, legislar con urgencia medidas para favorecer el desarrollo y la presencia de empresas del Cuarto Sector en todos aquellos servicios públicos que requieran de gestión privada; y por otro, favorecer en cuantos concursos, licitaciones y encargos requieran de la participación de empresas en servicios públicos, que sean empresas con autolimitación de beneficios y responsabilidad social las receptoras de los encargos.

No se trata de inventar un nuevo sector, se trata de estimularlo, de regularlo, de tipificarlo al servicio de una mejor gestión de los servicios públicos y de garantizar en ella el compromiso de las empresas contratadas con el propósito social.

Es posible servir a la sociedad desde la empresa siempre que ese objetivo sea fundamental y no accesorio en su estrategia empresarial. Es posible hacer empresas sostenibles en Cultura combinando rentabilidad social y rentabilidad.

Hagámoslo.

 

NOTA: En próximas e inmediatas entregas iremos describiendo mediantescultura, y sus áreas de actividad.

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Privatizar: mirar el dedo o a dónde señala. A propósito de la Plataforma en Defensa de la Cultura

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Ayer, 4 de noviembre, asistí en el Círculo de Bellas Artes a una asamblea convocada por numerosas asociaciones culturales contra la “privatización” del teatro Fernán Gómez y contra el 21% del IVA cultural. La Plataforma en Defensa de la Cultura.

Desde los viejos tiempos temo las asambleas porque de modo natural suelen tender a convertirse en escenario de emociones y manipulaciones y muy rara vez en espacio de reflexión para la toma de decisiones, que es para lo que supuestamente se convocan.

Asistí, primero interesado, luego perplejo, a numerosas intervenciones, ya emocionales, ya llamadoras a la “lucha”. Muchas con más enfado que argumentos. Las más con más entusiasmo que reflexión. Todas culpando a terceros y llamándose a andana de la más mínima responsabilidad en la actual situación. Sin algo de autocrítica y, más allá, sin que nos pongamos de acuerdo en el contenido y el sentido que damos a las palabras, sin que acordemos el marco en el que las gentes dedicadas profesionalmente a la cultura plantean sus quejas y reclamaciones, y sin que el norte de toda acción sean las necesidades ciudadanas, la vida de todo movimiento reivindicativo será inevitablemente corta. Y en el mejor de los casos de escaso calado y menor repercusión.

Y sin embargo la situación de profunda crisis social, económica y política, y la completa ausencia de estrategia cultural -en el gobierno y en cualquiera de los grupos políticos-, hace absolutamente perentorio generar pensamiento: definir hacia dónde queremos ir. Si me apuras, soñar el futuro para que sepamos los pasos que hay que dar para ir acercándonos a él.

Hoy, el reto de todo movimiento social o político preocupado por la cultura ha de ser llenar de contenido concreto el genérico mandato constitucional que da a las administraciones públicas la responsabilidad de promover la cultura. Una tarea pendiente desde hace treinta y cinco años. Lo cual exige abordar las grandes líneas de un política cultural que se precie: un pacto ciudadano y político por la cultura que le dé valor estratégico, la adecuada financiación pública y privada de la cultura, la transparencia en su funcionamiento y el establecimiento de fórmulas democráticas de acceso a la gestión pública, o la democratización cultural y el establecimiento de fórmulas de participación ciudadana, por mencionar algunas líneas maestras que hay que desarrollar.

Sin embargo los movimientos críticos suelen detenerse en los aspectos cosméticos, sin ir al fondo y al marco de la cuestión. Ver el arbusto que tenemos ante nuestra nariz y encelarnos en él.

En este sentido, el que parece ser el núcleo duro de las reivindicaciones tiene que ver con la privatización. Pero, ¿qué es eso de privatización? Definamos burda pero operativamente que es pasar algo que rigen manos públicas a manos privadas. Según la RAE, transferir una empresa o actividad pública al sector privado. Pero démosle algo más de profundidad, algún matiz más. En ese sentido siempre he dicho que se puede diferenciar entre  privatizar la propiedad, privatizar la gestión concreta o privatizar la función política. Primero, la propiedad de bienes o inmuebles culturales no está hoy en entredicho, ningún grupo político la plantea, aunque personalmente estoy seguro que hay propiedades públicas que podrían venderse para que dejasen de ser poco rentables socialmente y lesivas a lo público (o simplemente para recaudar fondos para necesidades superiores: ¿superiores a la cultura?: Sí, la vida, el empleo, la salud, la vivienda, la educación…). Segundo, se puede privatizar la gestión concreta, y eso es lo que se hace en muchos servicios cuyo funcionamiento es imposible que lo hagan funcionarios, ya por costes ya simplemente por operatividad (en este ámbito están la limpieza, autopistas, aeropuertos, e incluso aspectos de orden público, sin que nadie se rasgue por ello las vestiduras. Luego, claro, está el CÓMO se hace y A QUIÉN aprovecha). Y, tercero, se puede privatizar la función, es decir la política cultural, y que sean empresas privadas las que definan las necesidades ciudadanas en esta materia y decidan lo que hacer. ESTO ES LO VERDADERAMENTE GRAVE Y PELIGROSO. Y ES LO QUE SE ESTÁ HACIENDO. De matute, como dirían los castizos.

Porque, al ceder la gestión con criterios exclusivamente de ahorro o/y de rentabilidad económica, excluyendo la rentabilidad social y el control y evaluación de la gestión privada, de facto se está entregando la función de política cultural a los adjudicatarios de la gestión. Dos pájaros de un solo tiro. Seguramente los políticos que privatizan la gestión sin más criterio que la adjudicación al mejor postor, y las más de las veces en penumbra, ni siquiera son conscientes de que en realidad están renunciando a dirigir la política cultural de esos espacios cedidos a la gestión privada. ¡Tan poco saben de política cultural!

¿Puede evitarse? Sí, claro: imponiendo formatos transparentes y democráticos de contratación y adjudicación, en los que se fijen los criterios de política cultural que los adjudicatarios deben asumir. Sí, claro, imponiendo controles, auditorías y evaluaciones, que supervisen que la gestión está al servicio de la sociedad y de la política cultural marcada. (Controles que deberían llevar al levantamiento de la adjudicación si la gestión no responde a lo acordado). ¿Puede impedirse? Sí, claro, imponiendo limitaciones concretas desde las administraciones públicas a los niveles de beneficio a los que pueden aspirar los adjudicatarios. Limitaciones que se explican y justifican porque optan a gestionar un servicio público beneficioso para la sociedad.

El verdadero reto de los poderes públicos hoy no es abaratar costes en la gestión, eso lo hace cualquiera, aunque no sepa nada. El nuevo reto es establecer un papel superior de control a las administraciones públicas sobre la gestión privada de la cultura y otros servicios. El mundo del funcionariado, decimonónico y arcaico sin duda, deja paso en la actualidad y en el futuro a la mayor intervención de la sociedad civil -empresas incluidas- en su gestión. Pero las empresas han de ajustarse siempre al servicio de los intereses y necesidades de la sociedad fijados por las administraciones democráticamente elegidas. Por ello han de establecerse esos sistemas concretos de control y evaluación.

Hoy las instituciones, y los partidos, parecen incapaces de asumir sus nuevas tareas, imbuidos las más de las veces de un espíritu de recorte, corrupción y alergia a la transparencia. Son los ciudadanos más conscientes los que urgidos por la realidad del abandono cultural deben asumir esa tarea.

Necesitamos movimiento, alzar la voz, claro que sí. Pero necesitamos todavía más, señalar con el dedo la dirección hacia la que conducir el movimiento y la voz. Y cuidado, siempre hay quien se queda con su mirada fija en la punta del dedo.

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MadFeria: pensando al futuro

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Esta semana estuve en MadFeria, la feria promovida por ARTEMAD, la asociación de empresas productoras de Madrid, y cuyo responsable artístico es Eduardo Pérez Rasilla. Me habían llamado para coordinar un debate reflexivo sobre la situación de las artes escénicas en el que estuvieron representantes de la danza, el teatro de calle, las salas alternativas, el teatro para niños y las nuevas tendencias. A todos ellos les propuse antes de empezar que elaboráramos frente a la situación una especie de mapa de oportunidades que recogiera el análisis pero sobre todo definiera los terrenos por los que el conjunto y cada organización debe deambular en el inmediato futuro para afrontar mejor su supervivencia y su crecimiento. No era fácil debido a la guerra declarada por el gobierno, comunidades y ayuntamientos a la cultura, la sanidad y la educación. A las que están privando de presupuestos para pagar unas deudas que ahora sabemos que creó un sistema corrupto.

No era fácil, pero lo hicimos.

De todas las intervenciones me quedaría con un puñado de ideas clave. Una, en la que coincidieron Alberto García de los Salmones y Víctor Torres, plantea al sector la necesidad de cohesionarse y establecer una línea de trabajo conjunta que rompa la fragmentación y fomente un frente unido de alternativas. Por mi parte añado que hay dos condiciones previas: encontrar un liderazgo y mirar más allá de los propios problemas.

Otra aportación clave fue la necesidad de avanzar hacia la cogestión de los espacios culturales públicos poco o mal utilizados debido a la caída presupuestaria. Las organizaciones culturales tienen ahí un terreno de crecimiento gestionando y llenando de contenidos los centros culturales, teatros y auditorios y ofreciendo en ellos ejemplos de colaboración público-privada. Las residencias de compañías de creadores es un ejemplo concreto en esa dirección.

Juan de Torres proponía una profunda renovación de los sistemas de ayudas a la creación, que deberían incluir fórmulas de retorno de la inversión. Es decir, como si las ayudas fueran préstamos públicos a devolver cuando los productos artísticos tuvieran ingresos y hubieran cubierto inversión. Una vieja propuesta que hoy se hace imperiosamente urgente y que a buen seguro contribuirá a la maduración de muchas organizaciones.

Se habló también de la necesidad de orientar las creaciones desde su origen hacia la internacionalización, dado que nuestro mercado natural va mucho más allá de nuestras fronteras. Y la imprescindible labor de diversificación y aclimatación que ello implica para las organizaciones.

Por mi parte, diría que la otra oportunidad, que apenas se dejó oír en el encuentro, es la de que  las organizaciones conozcan y se vinculen estrechamente a sus públicos. Los destinatarios de la acción artística y cultural son hoy, en plena crisis, el difícil territorio fértil en el que crecer; y para mañana, la garantía de supervivencia y desarrollo. Y más allá el sentido mismo del arte. Su destino.

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